Estados corporativos y pranización de la política
José
Ángel Quintero Weir
Caminemos solos
A
veces pienso que los indígenas
esperamos
a un hombre
que
todo lo pueda,
que
todo lo sepa,
que
ayude a resolver
todos
nuestros problemas.
Pero
ese hombre, que todo lo puede
y
que todo lo sabe,
nunca
llegará:
porque
vive en nosotros,
se
encuentra en nosotros,
camina
con nosotros,
empieza
a despertar, empieza a caminar.
Natalio Hernández, Poeta Nahua
“Para
l@s de arriba, el calendario está hecho de pasado,
para mantenerlo ahí, el Poder lo llena de estatuas, festejos, museos,
homenajes, desfiles. Todo con
el objetivo de exorcizar ese pasado, es decir, de mantenerlo
en el espacio de lo que ya fue y no será.
Para
l@s de abajo, el calendario es algo por venir. No
es un montón de hojas desprendidas por el hastío y
la desesperanza. Es algo para lo que hay que prepararse.
En el calendario de arriba se celebra, en el
de abajo se construye. En el calendario de arriba se
festeja, en el de abajo se lucha. En el calendario de arriba se manipula
la historia, en el de abajo se hace
(…) Así será, hasta que otro calendario se escriba
donde debe de escribirse, es decir, abajo”.
Esto,
en alguna oportunidad, dijo al Sub-Marcos Don
Durito de La Lacandona.
I. A manera de
Introducción.
aüri
wakuwaipa weiran mmokarü
(Desde nuestra forma de ver el mundo)
Es posible decir que, dentro de la filosofía
del pueblo añú, existen dos principios que definen su forma de ver y
relacionarse con el mundo. Tales principios expresan la perspectiva desde la
cual, milenariamente, configuraron su territorialidad al tiempo que
territorializaron las aguas del Lago de Maracaibo, las riberas de sus ríos
aledaños y la Laguna de Sinamaica donde, hasta el presente, resisten y
re-existen como pueblo. Se trata pues, de dos de los fundamentos de su
cosmovisión que, cotidianamente, los añú ejercen y manifiestan en una
cosmovivencia que le es correspondiente. Estos principios son:
a.- Todo lo que está presente en el mundo es
porque ha realizado la acción de emerger a nuestra presencia. El emerger
implica, por tanto, que aquello que se hace presente en el mundo se muestra vivo.
Dicho de otra manera, para los añú: todo vive.
b.- La vida de todo lo presente en el mundo
se expresa mediante un su hacer particular y es con este hacer con el que nos relacionamos; por
tanto, plantas, animales, ríos, selvas, personas y todos los seres visibles e
invisibles tienen un hacer que les es
propio; todo vive en y por su hacer y este, su hacer, siempre será complementario al hacer de los otros; es por ello que sólo a partir de nuestra relación con esos haceres, podemos conocer y decir que
conocemos aquello que emerge vivo
frente a nosotros, podemos decir que conocemos y re-conocemos el mundo.
En este sentido, todo acontecimiento que
frente a nosotros ocurre es el resultado de un emerger que lo ha puesto de manifiesto mediante un su hacer
que se ha incubado en un fondo no visible y que, igualmente, forma parte de la
historia del acontecimiento mismo. Así, para comprender la historia en su
acontecer es necesario un diálogo con el hacer
de todo lo que emerge como manifestación de su presencia frente a nosotros. Esto
quiere decir que los hechos poseen su propia palabra y es con ella con la que
nos hablan; de esta forma, sólo comprendemos la historia en su hacer cuando somos capaces de
entender la palabra de los hechos, es decir, dialogar con el hacer emergido. Por esta vía, la historia no es en modo alguno la de los
personajes que participan de los hechos (la de los héroes que tanto gusta de
destacar el pensamiento occidental), sino el hacer del acontecimiento con respecto a los pueblos. Por el
contrario, para los añú (pensamos que para la mayoría de los pueblos indígenas
del continente), los héroes como centros de la historia no existen, esto es, la
historia poco tiene que ver con la persona o la palabra de los “protagonistas”
sino con la palabra propia del hacer de los
hechos en su acontecer, pues, sólo la
palabra del hacer de los hechos hace visible ante nosotros el fondo no evidente
que los ha incubado.
Será entonces desde esta perspectiva que
trataremos de exponer (y exponernos) lo que para nosotros está diciendo el hacer de la realidad política por boca
de los Estados-gobiernos a todos los pueblos indígenas de Venezuela y América
Latina, especialmente, en cuanto a sus luchas territoriales y por la defensa de
sus territorialidades. En este sentido, en una primera parte analizaremos lo
que dicen las palabras del hacer de
los más recientes acontecimientos en los que esta lucha ha emergido con mayor
fuerza y contundencia. En una segunda parte intentaremos demostrar lo que se
encuentra en el fondo y que explica el hacer
verdadero de los hechos emergidos para, finalmente, tratar de precisar lo que
comienza a fecundarse en el fondo y que, estamos convencidos, desde hace un
buen rato aquí y allá a lo largo del continente, viene pugnando por emerger de
manera definitiva como palabra y acción de los pueblos.
II.- aeintikarü apüreeruwa we. Ani aye eiñawa.
(Lo que frente a nosotros
está. He aquí los hechos)
Recientemente tuvimos la oportunidad de
escuchar en la ciudad de México al hermano Oscar Olivera, uno de los
principales líderes de la llamada Guerra del Agua y reconocido vocero de las
luchas sociales de Bolivia. En su exposición, Olivera narró con precisión todo
lo acontecido durante la marcha de las comunidades del TIPNIS hacia La Paz: la
cruenta represión de la que fueron víctimas por parte de la gendarmería oficial
a la que se sumaron grupos de choque financiados y atizados por el gobierno;
pero también, describió no sin alegría el multitudinario y popular recibimiento
de los marchantes en la capital lo que, sin lugar a dudas, obligó al Presidente
Evo Morales dar marcha atrás en su propósito y decretar una Ley que aseguraba la
protección y defensa del TIPNIS. Todos celebraron.
Sin embargo, muy poco duró la celebración de
la que fue una verdadera victoria popular, pues, atizado por los cocaleros del
MAS (su base de apoyo político), guiado por la “razonable” palabra de su
vicepresidente; pero sobre todo, presionado por la corporación brasilera
impulsora del proyecto, el presidente “entró en razón” y, mediante un nuevo
Decreto-Ley echó por tierra al primero y, ahora sí, haciendo uso de todos los
recursos del poder del Estado-gobierno (compra de conciencias mediante
obsequios en dinero o especies, división de las comunidades, acciones violentas
ejecutadas por sus grupos de choque, etc.), Evo Morales “derrota” a los alzados
indios del TIPNIS en una “consulta” totalmente controlada por el gobierno. En
este punto, necesario es decirlo, al hermano Olivera se le quebró la voz y unas
incontenibles lágrimas nos hablaron de su dolor y de su rabia.
A buena parte del público asistente les sonó
increíble el relato de Olivera, pues, a su paramétrica mentalidad de “izquierda
razonable”[2]
resultaba inconcebible que Evo Morales, primer “indígena” presidente de un
Estado latinoamericano pudiera valerse (igual que el PRI) del acarreo, la
compra de conciencias para dividir a las comunidades y, mucho menos, al uso de
fuerzas de choque prestas a violentar y contener la lucha de las comunidades.
Tal incredulidad, ciertamente, resulta del todo comprensible dado que tales
acciones, se supone, no corresponden al deber
ser de un gobierno de “izquierda” y, mucho menos, a un gobierno “indígena”.
Sin embargo, las acciones del Presidente Morales deben ser comprendidas como la
continuidad de la originaria forma de acción política de los Estados poseídos
frente a la insurgencia de los desposeídos; es decir, lo que el Presidente
“indígena” hizo no fue otra cosa que aplicar parte de un muy antiguo manual de contrainsurgencia
del que, si a ver vamos, ningún Estado-gobierno en América Latina es ajeno y,
por el contrario, es posible observar su aplicación con la misma regularidad y
contundencia tanto en los países cuyos gobiernos son designados o declaradamente
de “derecha” como en los países donde los gobiernos se estiman “progresistas”,
“de izquierda” y, aún, “revolucionarios”.
Así por ejemplo, el Presidente Rafael Correa
de Ecuador, ha logrado diseñar y ejecutar sistemáticamente toda una política de
contrainsurgencia
dirigida contra los pueblos indígenas y sus principales organizaciones: la
CONAIE y la ECUARUNARI. Esto ha sido posible no sólo por los errores políticos
cometidos por la dirigencia de algunas de estas organizaciones, sino sobre
todo, mediante la ejecución de acciones que van desde la división provocada a
través de la incorporación de elementos de las organizaciones indígenas a la
órbita del gobierno al tiempo que persigue, criminaliza y encarcela a los
líderes rebeldes de las mismas organizaciones indígenas, sindicales y
campesinas, pues, está decidido a acabar con ellas; de hecho, es posible decir
que a diferencia de los anteriores gobiernos de derecha que pretendieron
contener a los pueblos indígenas y sus organizaciones, para beneplácito de las
corporaciones y del mercado mundial, en el campo de la contrainsurgencia el
gobierno de Correa ha alcanzado un éxito notable en el Ecuador.
Lo anterior pudiera ser una afirmación
igualmente aplicable al caso del Brasil de Lula Da Silva y de su continuidad:
Dilma Rouseff. Allí, a las acciones etnocidas ejecutadas de manera directa por el
Estado-gobierno hay que sumar su silencio ante las acciones genocidas ejercidas
por otros para liquidar de manera definitiva a los pueblos indígenas. Así, no es
sólo el Estado-gobierno quien de manera directa les hace la guerra sino que,
éste sabe guardar silencio cuando los otros: hacendados y corporaciones
transnacionales “fastidiados” de la incómoda presencia y re-existencia de
indios en zonas explotables, han sido capaces de declarar públicamente su
guerra contra las comunidades y, tanto Lula (antes) como la Ruseff (hoy por hoy)
como representantes del Estado-gobierno, lapidariamente han sabido guardar
silencio y, por lo mismo, nada hacen por detenerlos. Fue por ello que los
hermanos Guarani-Kaiowás luego del fallo de un Tribunal del Estado Federal que
decidió expulsarlos de su territorio en beneficio de una Corporación, llegaron
a plantearse la acción de un suicidio colectivo, pues, estaban decididos a
morir y ser enterrados en sus tierras, tal como ellos han enterrado
milenariamente a sus antepasados en ese: su territorio.
Por nuestra parte, en Venezuela, podemos
decir que desde 1999, año en que emerge en Venezuela el gobierno del Teniente
Coronel Hugo Chávez, proceso al que se ha dado en llamar “socialismo del siglo
XXI”, hemos sufrido las mismas violaciones a los derechos de los pueblos y los
mismos silencios ante los mismos crímenes. En su aplicación del manual de contrainsurgencia,
ha sabido combinar el uso de los llamados programas sociales (Misiones) que han casi liquidado al movimiento
social insurgente (indígena, campesino, obrero, pobladores de barriadas
urbanas, etc.), pues, la mayoría de ellos han sido cooptados a las estructuras
burocráticas controladas por el Estado-Gobierno, con la persecución,
criminalización y represión selectiva de los rebeldes insurgentes de esos
mismos sectores y movimientos.
Así, desde el inicial sometimiento de los
indios pemones que en la Gran Sabana se enfrentaron a la construcción del
tendido eléctrico del estado Bolívar (Venezuela) hasta Boa Vista en Brasil,
para lo que el gobierno de la naciente “revolución” utilizó desde la persuasiva
acción de la “justicia” aplicada por el Tribunal Supremo, la división provocada
de las comunidades en lucha mediante el aporte de recursos económicos a los no
deliberantes, hasta el uso de la represión militar en contra de las comunidades
rebeldes que se atrevían a cortar, segueta en mano, las grandes estructuras de
hierro del tendido eléctrico, lo que produjo un saldo de líderes indígenas
presos, un par de muertos y la definitiva derrota de las comunidades pemonas
alzadas y la definitiva inauguración del tendido eléctrico por el Presidente
Chávez en acto solemne para el que se supo acompañar, nada menos que del
presidente del Brasil Fernando Henrique Cardoso y del padre de la única
revolución “victoriosa” de América Latina: Fidel Castro.
Sin embargo, a este ejemplo debemos
necesariamente sumar el asesinato (vía sicariato) de dirigentes sindicales y
campesinos como los del líder obrero Argenis Vásquez, Secretario General del
Sindicato Obrero de la Mitsubishi en el oriente del país, quien fuera asesinado
por “desconocidos” sicarios en el contexto de la discusión del contrato
colectivo de trabajo y las exigencias de la empresa al Estado-gobierno de
condiciones favorables para poder seguir operando en el país. Demás está decir
que el asesinato de Argenis sigue siendo un “misterio” policial, tal como el de
unos 140 líderes obreros y campesinos por los que, hasta ahora, no se ha
señalado a ningún sospechoso y, mucho menos, se ha producido algún arresto
puesto que jamás el gobierno de la “revolución” ha sentido la necesidad de
pronunciarse siquiera.
Finalmente, hemos venido siendo testigos de
la persecución del líder indígena Yukpa Sabino Romero a quien, dicho sea de
paso, le han venido sistemáticamente asesinando a su familia y su gente (hasta
ahora le han asesinado a su padre, uno de sus yernos, dos de sus sobrinos y a
por lo menos tres de sus compañeros de lucha), pues, para nadie es un secreto que
Sabino se ha convertido en la piedra en el zapato tanto para los hacendados de
Machiques de Perijá, como para el Estado-gobierno en su política de minimizar y
silenciar la lucha territorial de todos los pueblos indígenas del país toda vez
que, de acuerdo al mandato constitucional de 1999 el Estado estaba obligado a
demarcar los territorios indígenas en un lapso no mayor a dos años luego de aprobada la Constitución. A más de una
década de esta resolución constitucional, las tierras demarcadas no llegan al
10% del total estimado y, aún, las ya demarcadas y entregadas han sido
objetadas judicialmente por algunas comunidades.
Ante esta flagrante violación constitucional
por parte del Estado, de toda la dirigencia indígena ha sido Sabino y su
comunidad yukpa de Chaktapa el único que ha insistido en establecer, de hecho,
la demarcación territorial para su pueblo; es por ello que, tanto los
hacendados (como enemigos directos) pero también el Estado-gobierno, han
intentado por diferentes vías contener su rebeldía.
Así, luego del asesinato de su anciano padre
(José Romero) por el que Sabino responsabiliza a un hacendado pero sobre el que,
hasta donde sepamos, no pesa ninguna averiguación, se intentó liquidarlo
físicamente a manos de sus propios hermanos yukpa mediante una provocación
montada que terminó con varios heridos y un par de muertos del mismo pueblo.
Posteriormente, le son asesinados familiares y compañeros de lucha por
elementos “desconocidos” en lo que sin duda fueron verdaderas ejecuciones que
la prensa local (especialmente el diario “La Verdad”) que citando fuentes
gubernamentales estableció como “ajuste de cuentas por diferencias en el
reparto de un ganado robado por la gente de Sabino”. En fin, a pesar de las
calumnias, el sicariato y la violencia del Estado en su contra, Sabino no
desmaya y recientemente se lazó junto a su comunidad a la recuperación de sus
tierras, esta vez, fue recibido a tiros por los hacendados pero también del
Ejército bolivariano resultando algunos heridos, entre ellos, su propia hija, y
a partir de ese momento hasta el día de hoy, Sabino así lo ha denunciado, se ha
convertido en un perseguido político en las montañas de Perijá.
Políticas de contrainsurgencia hoy en América Latina: Estados corporativos y pranización de la política.
a.
De los Estados corporativos
Ahora bien, muy bien sabemos que tal como
acertadamente señala Raúl Zibechi:
“las clases dominantes no cuentan con un abanico ilimitado de opciones
para derrotar a los rebeldes, a tal punto que una y otra vez acuden a los
mismos lugares comunes: esa mezcla de negociación con concesiones y represión o
genocidio, para ablandar y desorientar a sus enemigos de clase hasta asestar la
estocada final. Desde el fondo de los tiempos, los de arriba han acudido a
formas diversas de esas dos tácticas complementarias, con resultados ventajosos
para sus intereses” (Zibechi, 2010: 19).
De esta manera, a pesar de las supuestas
diferencias ideológicas que pudieran distinguir las acciones políticas de los
Estados-gobierno de derecha o de izquierda o progresistas de América Latina, es
posible observar desde México a Chile la aplicación de estas tácticas con
incesante y pasmosa regularidad por parte de los gobiernos en sus relaciones
con las comunidades.
Así, por ejemplo, en Chile el gobierno crea
la Corporación Nacional para el Desarrollo Indígena (CONADI) para,
supuestamente, dar una respuesta adecuada y definitiva a la lucha territorial
del pueblo Mapuche; sin embargo, la
acción real de la Corporación está dirigida a producir división al
interior de la lucha mapuche comenzando por imponer la obligación de constituir
las llamadas “comunidades legales”[3],
es decir, comunidades que aceptan someterse a la institucionalidad que el
Estado establece para que puedan ser acogidas sus demandas territoriales, pero
además, estas comunidades legales pueden ser conformadas hasta por un mínimo de
diez (10) miembros y recibir tierras tituladas individualmente. Por otro lado,
la Conadi puede hacer entrega de tierras fuera de los territorios tradicionales,
lo que ha provocado obligados desplazamientos impidiendo con ello, además, la
reconstrucción territorial pero, sobre todo, liberando espacios inmediatamente
dispuestos para la explotación por parte de corporaciones. Así, por un lado el
Estado convierte la tierra en moneda clientelar con la que doblega insurgencias
y utiliza a los dominados (ha sucedido) como testigos en contra de las
comunidades mapuches rebeldes que, en cambio, reciben todo el peso de la
represión, la aplicación de la ley antiterrorista y el genocidio sobre sus
mujeres, ancianos y niños.
En Colombia, a pesar de las conversaciones de
paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, las operaciones militares y
paramilitares en regiones como los territorios del pueblo Embera y las
comunidades afrocolombianas del Chocó continúan provocando desplazamientos,
hambre y muerte. Lo mismo puede decirse de la región del Cauca afectando a
pueblos como los Nasa y los Awa; hasta las operaciones paramilitares y del
Estado colombiano en la Guajira de los wayuu generando el desplazamiento de las
comunidades indígenas al tiempo que libera espacios para la explotación de
recursos y la construcción de las infraestructuras necesarias para tales
explotaciones.
En México, el gobierno de Felipe Calderón está
decidido a confiscar unas 200 mil hectáreas del territorio de los indígenas M’phaa
en el estado de Guerrero precisamente, en la región de la CRAC y su rebelde
Policía Autónoma Comunitaria. Tal confiscación se pretende hacer en nombre de
la defensa de la biósfera y su militarización a partir de la supuesta guerra
contra el narcotráfico. La misma militarización se ejecuta en Chiapas, donde,
dicho sea de paso, el gobierno federal (en manos del PAN) une fuerzas con el
gobierno estadal (en manos del PRD) para otorgar espacios a comunidades
indígenas no zapatistas en tierras liberadas por los zapatistas luego del
levantamiento de 1994 y ocupadas por sus propias comunidades. La intención es
evidente, se pretende provocar una confrontación entre las comunidades
indígenas para así justificar la intervención militar directa del
Estado-gobierno mexicano en contra de las comunidades autónomas zapatistas.
Finalmente, en la Venezuela de la “revolución”
bolivariana el panorama no es diferente; por el contrario, parece idéntico en
sus acciones y propósitos. Así, para contener el grito de las comunidades
indígenas, sindicatos obreros, campesinos, mineros artesanales y poblaciones
pobres urbanas el gobierno pasa, una y otra vez, de las llamadas “Misiones”
usadas como verdaderos “caramelos de cianuro”, al uso del garrote represivo de
las fuerzas policiales y militares, acción siempre sustentada en el manido
discurso de que cualquier protesta contra
el Presidente Chávez puede abrir la puerta del retorno al poder a la derecha fascista y pitiyanqui.
Algo así fue lo que funcionarios del gobierno
y algunos de sus allegados dijeron a la comunidad barí de Boksi para contener su
protesta, pues, éstos habían bloqueado el paso de la carretera Machiques-Colón
exigiendo la libertad de uno de sus hermanos que fue hecho preso en un falso
positivo antidrogas orquestado por algunos elementos de las Fuerzas Armadas: No protesten, les dijeron, no digan que no van a votar, pues, si Chávez
pierde no habrá más misiones para ustedes y su hermano jamás saldrá de la
cárcel, sólo esperen a que Chávez vuelva a ganar. En efecto, los barí
abandonaron su protesta, Chávez volvió a ganar pero el hermano barí sigue preso,
sólo que ahora fue condenado a 15 años de prisión mientras que los efectivos
militares involucrados en el falso positivo están libremente impunes.
Por su parte, los yukpas que han venido
demostrando su disposición a morir por sus tierras el gobierno les responde de
primeras con represión, tal como en la última confrontación de la comunidad de
Chaktapa pero; por otro lado, inmediatamente ofrece alguna peculiar concesión.
En este sentido, Sabino denuncia que desde el Ministerio de Pueblos Indígenas
le han ofrecido dinero y, más recientemente, la construcción de una Casa de Saberes para su comunidad. Dicho
de otra forma: Demarcación territorial no. Territorio, no. Si quieren, les hacemos una Casa de la Cultura, eso sí, diseñada
nada menos que por Fruto Vivas, el mejor arquitecto de Venezuela quien,
consciente o inconscientemente se presta para la jugada[4].
En todo caso, la no demarcación territorial indígena permite dejar libres todos
esos espacios a efectos de los intereses corporativos que, más adelante,
descifraremos.
En conclusión, esta breve revista de los
hechos nos muestra que los Estados-gobiernos (no importa su impronta
ideológica), actúan como verdaderas corporaciones al lado de las grandes
corporaciones en contra de comunidades y pueblos indígenas, campesinos, negras
y desposeídos urbanos, mediante políticas de contrainsurgencia que a toda costa
buscan contener, paralizar, someter y eliminar la insurgencia anti-sistémica.
Para este estratégico propósito va desde el halago, la compra de conciencias,
la cooptación de líderes comunitarios, sindicales y campesinos; pero también,
de intelectuales de prestigio; hasta el uso de la violencia represiva que
empieza por invisibilizar luchas y luchadores comunitarios en los medios (que
el Estado-gobierno controla en un 90 % y que, para el caso de la lucha
territorial indígena, logra el apoyo del 10 % restante con el apoyo de medios
que, por supuesto, son igualmente anti-indígenas), la criminalización, la
judicialización y, finalmente, la acción represiva directa con las Fuerzas
Armadas policiales, militares y, como veremos en el siguiente aparte,
paramilitares.
En todo caso, nuestros Estados nacionales latinoamericanos no pueden seguir siendo
interpretados en la acepción clásica de su definición de origen luego de la
Segunda Guerra Mundial sino que, deben ser considerados desde la palabra de su
hacer que, hasta donde vemos, es la de aparatos corporativos nacionales
asociados a corporaciones transnacionales en el contexto de un proceso de re-colonización
del mundo que implica para nosotros en primera instancia, el re-ordenamiento
territorial del continente. Vale decir, la idea de la toma del poder del Estado
para la transformación social no puede seguir orientando la lucha revolucionaria
de las comunidades; por cuanto, el nuevo modelo de dominación ha desplazado su
eje del dominio desde un centro político al eje del dominio económico,
particularmente financiero; de tal manera que, en esta etapa de recolonización
los llamados gobiernos progresistas o de izquierda han sido necesarios para sostener
la gobernabilidad mediante el uso de: 1) Una falsa permanencia del discurso de
la guerra fría que ha hecho posible la aplicación de todos los conceptos,
planes y programas contrainsurgentes ideados por el Banco Mundial naturalizados
por el supuesto discurso anti-imperialista de los nuevos detentadores del poder
latinoamericanos; 2) Contener la insurgencia de todos los movimientos
anti-sistémicos que siempre resultan peligrosos en el contexto de cambios
paradigmáticos e históricos, esto es: pocos creerán la palabra de Obama refiriéndose
al cambio (para no cambiar) del nuevo curso de la colonialidad pero, de seguro,
todos creerán a Daniel Ortega y sobre todo a Chávez, pues, en el contexto de la
recolonización en el ejercicio del
gobierno de los Estados-gobiernos latinoamericanos está permitido hablar de
anti-imperialismo ya que, a fin de cuentas, el sustento económico para la
permanencia de tales gobiernos está basada en su estrecha relación financiera
con las corporaciones transnacionales que, finalmente son las que orientan y
dirigen el curso de actuación de los
Estados-gobiernos-corporaciones-nacionales.
b.- De la Pranización de la política
Por otro lado, es un hecho más que evidente
en todo el continente la vinculación entre elementos de los Estados-gobiernos y
el hampa común fuertemente organizada. Ésta ha cobrado un poder tal que, en
algunos casos, sus fuerzas parecen llegar a sustituir a las fuerzas regulares
en el ejercicio de la violencia del Estado. Así, los casos de México, Colombia
y Venezuela son emblemáticos.
En el caso venezolano creemos que es posible
armar un listado de casos que permiten ver este fenómeno en su gradual
desarrollo y en su intensidad de acción y sus implicaciones para el movimiento
social en general y para la lucha indígena en particular, puesto que se trata
de la utilización de fuerzas no regulares para la acción contrainsurgente; pero
nos conformaremos con mencionar dos que nos parecen suficientemente contundentes
para explicar eso que estamos denominando: la pranización de la política.
El primero ocurrió en el estado Bolívar, al
sur del país. Allí el gobierno impulsó la llamada Misión Piar, la cual
consistía en un programa de formación para la conversión de los mineros
artesanales en productores agropecuarios, así como el apoyo financiero y la
dotación de espacios para la producción que harían posible finalmente, el
abandono de sus explotaciones de oro en la región de La Paragua, logrando, por
esta vía, proteger el ecosistema de los efectos de la minería. Sin embargo, el
programa de conversión no se llegó a ejecutar según lo planeado, los recursos
asignados para tales efectos terminaron extraviados en el enjambre burocrático
del gobierno (para no hablar de corrupción), pero además, el gobierno cede a
una corporación rusa concesiones para la explotación de oro en la misma región
que antes explotaban artesanalmente los mineros muchos de los cuales pertenecen
a los pueblos pemón y ye’kuana.
Una vez que la Misión Piar expone su farsa
los mineros artesanales regresan a espacios que ya la corporación rusa está
presta a ocupar y explotar; por supuesto, la confrontación es inmediata. Es
cuando indígenas pemones y mineros artesanales sorprenden y detienen a un grupo
de efectivos militares explotando oro ilegalmente en sus tierras y exigen la
presencia del Ministro de la Defensa para entregarlos. Casi inmediatamente
superado este impase jamás explicado públicamente por las autoridades, los
mineros son atacados por una decena de sicarios llegados a la región desde la
capital. En estos hechos muere un dirigente minero pero igualmente perecen
todos o casi todos los sicarios. El Ministro de Interior y Justicia declara que
se trata de un enfrentamiento interno entre mineros pero éstos le desmienten de
inmediato y denuncian que se trató de un enfrentamiento entre ellos y fuerzas
irregulares enviadas “por quien sabe quién” para asesinar a su dirigencia y
aterrorizar a los rebeldes.
El segundo hecho fue el motín de los presos
de la Cárcel de La Planta en la ciudad de Caracas, donde, por varios días los
presos dirigidos por los llamados pranes[i]
se enfrentaron a la Guardia Nacional para impedir su traslado a otras
prisiones. Con esta acción los pranes
no sólo demostraron el poder de fuego que poseen y el control que ejercen sobre
las prisiones, sino el poder político que han logrado desarrollar mediante
vinculaciones a elementos de las estructuras del Estado. Desde la cárcel no
sólo dirigen las operaciones de distribución y tráfico de drogas en los barrios
de las ciudades, el cobro de vacuna o extorsión por protección especialmente a
comerciantes y hasta taxistas, operaciones de secuestro, pero también de
sicariato y hasta de aportar efectivos
armados para la acción política de intimidación.
En fin, los pranes de la Cárcel de La Planta no sólo obligaron a la ministra de
prisiones a encontrar un eufemismo para dirigirse a ellos: líderes negativos,
les llama la ministra, sino que, en esa oportunidad lograron la libertad para
una cantidad indeterminada de sus “luceros”[ii],
ser trasladados a las prisiones que ellos determinaron con sus arcas y
armamento intactos, pero lo más importante fue que esta negociación fue
realizada de manera directa, dicho por él mismo en cadena televisiva nacional,
por el propio Presidente Chávez quien, dijo, llamó personalmente al teléfono
del Pran de la cárcel para pactar el
acuerdo. Esta concesión presidencial jamás ha sido lograda por ningún sindicato
obrero, gremio profesional y, mucho menos, por ningún pueblo indígena, ni por
su fuerza social ni por la justicia de sus reclamos.
III.- aeinta wanapüi: Lo que está en el fondo
Como es posible observar en este breve
repaso, las políticas de contrainsurgencia en contra de los pueblos son las
mismas, las diferencias pueden ubicarse en que algunos gobiernos sean más
descarados que otros pero, a fin de cuentas, los propósitos son los mismos.
Pero, ¿qué es lo que está en el fondo?; ¿por qué no ejecutar de una buena vez
la demarcación territorial de los pueblos indígenas en Venezuela? Para
comprender las respuestas a estas interrogantes es necesario hacer un breve
recuento histórico. Veamos:
A comienzos de los años 70 la etapa del
capitalismo industrial había sido sobrepasada. Esto se expresaba en la
convergencia entre capital industrial y capital financiero a escala mundial.
Así, la división territorial del trabajo traspasaba los linderos de los Estados
nacionales que, hasta ese momento, habían sido necesarios para cumplir un
importante papel en la recomposición del capitalismo luego de la Segunda Guerra
Mundial, a través del Plan Marshall y la política del llamado Estado de bienestar que establecieron;
por un lado, un reordenamiento territorial mundial a través de una “descolonización”[5]
dirigida que obligó a la creación de nuevos Estados reconocidos como tales pero
dependientes política y económicamente de los centros de poder político y
económico. Así, los Estados nacionales se encargarían de impulsar políticas
públicas e inversiones de desarrollo económico interno, que permitiera a sus
poblaciones obtener el ingreso necesario para la adquisición de mercancías. De
allí surge la política de sustitución de importaciones que, permitió instalar
parques industriales, especialmente de ensamblaje, que al tiempo que concedía a
los países dependientes la ficción de entrar en el camino del “desarrollo”,
generaba en todos estos países un desplazamiento de la población rural hacia
los centros urbanos, generando un “ejército de reserva” de mano de obra muy
barato, pero engordando de manera sostenida las ciudades al tiempo que dejaba
grandes espacios rurales en poder de la agroindustria. Esto, a su vez, hacía
posible el objetivo de incorporar al “libre mercado” grandes territorios y
poblaciones (consumidores) para la adquisición de las mercancías que el
capitalismo industrial, particularmente de los Estados Unidos, estaba en
capacidad de producir.
Sin embargo, a comienzos de los años 70 la
realidad del capitalismo mostraba superada esta etapa de posguerra y, con ella,
se llegaba al fin del Estado de bienestar.
Dicho de otra manera, la etapa del Estado
de bienestar de la posguerra implicó una división territorial del trabajo y
su consustancial división social del trabajo; una vez superada esta etapa y
ante la nueva etapa de desarrollo del capitalismo mundial, una nueva división
territorial del trabajo se comenzaba a establecer a través de lo que se conoce
como la etapa Neoliberal.
Es necesario señalar, que la ficción de
soberanía y autonomía de los Estados nacionales, hizo posible el surgimiento de
movimientos sociales y políticos que, en los términos políticos establecidos
por el mismo Estado, consiguieron alcanzar triunfos políticos que, en casos
extraordinarios como el de Chile, habían logrado hacerse del poder del
gobierno. Sin embargo, la nueva etapa neoliberal implicaba una sustancial
pérdida de importancia de la industria y la consustancial pérdida de relevancia
de la clase obrera, y cobraba relevancia el capital financiero para el cual,
las soberanías relativas de los Estados nacionales debían flexibilizarse a tal
punto que, las relaciones sociales de producción se enmarcaban ahora en el
contexto de una igualmente flexibilizada relación laboral.
Precisamente, la llamada etapa neoliberal se
instaura en América Latina con el derrocamiento de Salvador Allende en Chile y
la aplicación de ajustes económicos en todos los países del continente. Estos
ajustes económicos implicaban, entre otras cosas, un nuevo marco constitucional
y jurídico, así como un nuevo reordenamiento territorial para todos los países,
que hiciera posible la intervención y libre control del capital financiero y de
las corporaciones, de espacios territoriales hasta entonces no tocados, poco
intervenidos y, en algunos casos, protegidos por leyes y reglamentos generados
durante la etapa del capitalismo industrial y la sustitución de importaciones
en todo el continente.
Se trata, entre otras cosas, de liberar
territorios en beneficio de la intervención y dominio del capital financiero
mundial y sus corporaciones. Esto, a su vez, ha implicado una nueva relación
entre los Estados nacionales y las corporaciones y, por supuesto, entre los
Estados gobiernos y las poblaciones habitantes de los territorios requeridos en
el contexto de una nueva división territorial del trabajo en América Latina.
De allí, pues, se explica el proceso de
cambios y reformas constitucionales impulsados en todo el continente durante
los años 80 y 90, la última de las cuales fue la Constitución bolivariana de
Venezuela de 1999. Nuevos marcos jurídicos para la nueva etapa del capitalismo
en el que conceptos como el de soberanía, debían ser relativizados a tal punto,
que su significación se hace insignificante.
Sin embargo, la nueva división territorial
del trabajo no puede ser establecida sin entrar en fuerte contradicción con las
poblaciones originarias de los territorios a intervenir que, en la mayoría de
los países de Suramérica, está conformada por pueblos indígenas, campesinos,
negros y demás poblaciones rurales que, hasta entonces, habían sido consideradas
como desaparecidas o totalmente integradas a las llamadas culturas nacionales.
Así, el reordenamiento territorial a la medida de las exigencias del capital
financiero y las corporaciones se ha visto confrontado en todo el continente por
la férrea resistencia de pueblos y comunidades que, con sus luchas en defensa
de sus territorios, se constituyen en nuevos sujetos sociales que,
obligadamente, han de ser considerados como protagonistas en el nuevo contexto
político económico latinoamericano.
Es este, pues, el contexto que obliga a la
conversión de los Estados nacionales en Estados corporativos; pero también, la
obligatoriedad de reconocer la existencia de pueblos y comunidades hasta ese
momento negadas como tales en la etapa anterior. Así, el reordenamiento
territorial, es decir, la nueva división territorial del trabajo en América
Latina, pasa por el reconocimiento “formal” de la existencia de los pueblos
indígenas, negros y campesinos. Esto lo han hecho todas las nuevas
constituciones, desde Bolivia a Venezuela; desde Brasil a Chile. No importa,
pues, la supuesta impronta ideológica de los que detentan el poder del gobierno
en cada uno de los Estados, pues, en todo caso, de lo que se trata es de
ofrecer el piso jurídico político a la nueva etapa de la colonialidad nunca
desaparecida y a producir nuevas relaciones de colonialidad entre los
Estados-gobiernos y las poblaciones destinadas a ser desplazadas y despojadas
de sus territorios.
En fin, el nuevo orden jurídico político
sobre el que se sustentan actualmente todos los Estados corporativos en América
Latina, responde a los programas económicos y a la nueva división territorial
del trabajo correspondiente a tales programas de las grandes corporaciones y el
capital financiero mundial. Para el logro de este propósito con el menor trauma
social posible, esto es, sin riesgo de un verdadero quiebre social siempre
presente en toda crisis, el capital transnacional ha debido liquidar antiguas
relaciones y establecer algunas nuevas; así, por ejemplo, la salida negociada
de Pinochet (en Chile), o la defenestración de Carlos Andrés Pérez (en
Venezuela) o de Alan García (en Perú), forman parte del proceso de reajuste
que, entre otras salidas, tuvo la aparición de un Fujimori en el Perú o de un
Hugo Chávez en Venezuela, como parte del nuevo entramado político para la nueva
colonialidad. En todo caso, quedaba claro a las corporaciones que el viejo
discurso de la guerra fría, de una supuesta confrontación ideológica entre
socialismo y capitalismo, seguía siendo conveniente a la instauración de la
continuidad de la colonialidad en América Latina que, en el terreno económico
se expresa en los grandes programas de integración económica transnacional
contenidos en el llamado Plan Puebla-Panamá y las Infraestructuras de Integración
de la Región Suramericana (IIRSA).
a.- ¿Qué es la IIRSA?
La etapa neoliberal del capitalismo se
dirige; por un lado, al control energético mundial por parte de las
corporaciones pero también, de las fuentes de agua y biodiversidad, fuentes esenciales
a los nuevos procesos científico-tecnológicos que, suponen, un hasta ahora
retenido cambio energético paradigmático.
Así, si en la etapa de la ficción
desarrollista de la sustitución de importaciones el imperialismo permitía y aún
estimulaba las iniciativas de integración comercial desde los Estados
nacionales como, por ejemplo, la Comunidad Andina de Naciones (CAN), entre
otras, en todo el continente, la nueva etapa de predominio del capital
financiero impone una nueva visión de los procesos de integración comercial. En
este sentido, el capital financiero jugó a las cartas mostrando a los
movimientos sociales y políticos del continente solamente el as representado
por los Tratados de Libre Comercio que, de inmediato fueron rechazados por
todas las comunidades y movimientos de izquierda de los diferentes países; sin
embargo, bajo la manga, las corporaciones, el gran capital financiero y el imperialismo,
supieron siempre jugar con los nuevos Estados gobiernos del continente el as de
programas de integración mediante infraestructuras regionales que les permitía;
por un lado, esquivar su confrontación directa con las poblaciones en tanto
que, los proyectos de infraestructuras son impulsados directamente por los
Estados gobiernos nacionales, y, por el otro, controlar e intervenir de manera
directa los espacios territoriales plenos de los recursos energéticos y de
biodiversidad que aseguran el futuro del crecimiento capitalista y, por
supuesto, el control político futuro de la nueva etapa imperialista y colonial en
todo el continente latinoamericano.
De tal manera, pues, por vía de las reformas
constitucionales se naturalizaba la nueva etapa imperialista y la nueva
colonialidad en cada uno de los países latinoamericanos, al tiempo que las
corporaciones y el imperialismo se garantizaban las fuentes materiales de
plusvalía y de poder evitando, hasta donde es posible, su confrontación directa
con las comunidades.
En este sentido, los Estados gobiernos en
poder de las llamadas fuerzas de “izquierda” o “progresistas” (especialmente en
Venezuela), no sólo sirvieron de matarifes a la etapa de la ficción
desarrollista y sus representantes políticos, sino que en su configuración como
Estados corporativos, han conducido diestramente el proceso de
contrainsurgencia en contra de los movimientos sociales antisistémicos, ya sea
por la vía de la cooptación (mediante programas de integración a nuevas
estructuras de gobierno creadas con ese propósito y que, muchas veces, son
encargados para su promoción e imposición al interior de los movimientos
sociales en lucha elementos en los que las comunidades han depositado su
confianza); pero también, provocando su invisibilidad mediante el uso de los
medios de comunicación (casi totalmente en su poder), o, finalmente,
liquidándolos físicamente (etno-genocidio), cuando su rebeldía se hace
incontrolable, para lo cual, hace preciso uso de la pranización de la política y del poder de fuego de sus fuerzas
irregulares con las que negocia de manera pragmática y operativa.
Dicho de otra manera, al capital financiero
mundial (verdadero dueño de la economía y determinante de la nueva coyuntura de
poder político mundial), no le representa ningún inconveniente entregar el
control político local de los Estados gobiernos a fuerzas políticas supuestamente
anti-imperialistas, y, mucho menos, en el método que éstos empleen para
garantizar la flexibilización de la soberanía siempre y cuando tales fuerzas en
el control de sus respectivos Estados, entren en el proceso de conversión
corporativo de sus Estados y de sus gobiernos puesto que, en todo caso, su
interés está totalmente dirigido al control y dominio económico de espacios
territoriales específicos, dejando el control político sobre el restante
territorio a las fuerzas políticas en control del Estado gobierno, se
autodenominen estas como de “izquierda” (caso Venezuela) o de derecha (caso
Colombia, por ejemplo), pues, en definitiva, el objetivo económico estratégico
del capital financiero y la nueva fase imperialista, termina uniendo en el
mismo propósito a los supuestos, ideológicamente confrontados, gobiernos de “izquierda”
y gobiernos de derecha en América Latina.
Es en este marco que debe entenderse la
significación política de programas como el Plan Puebla-Panamá (para
Centroamérica) y el programa de la IIRSA (para Suramérica) es decir, se trata
de programas en los que el énfasis de dominación y control político está
determinado a espacios territoriales concretos y no al control y dominio de los
Estados nacionales, esto es, al capital financiero no le interesa ya, el
dominio total de los Estados sino el control y dominio de aquellos espacios
territoriales particulares dentro del territorio de los Estados nacionales.
Dicho de otra manera, las corporaciones imperialistas asumen la explotación y
la plusvalía generada por la explotación de esos territorios específicos;
mientras que al nuevo Estado corporativo y su gobierno (ya sea de derecha o de
“izquierda”), le corresponde asumir las políticas de contención social de las
comunidades en resistencia y, por eso y, para eso mismo, recibir parte de la utilidad de la explotación para
su perpetuación en el poder del Estado-gobierno dentro de los términos de la
nueva colonialidad.
En este sentido, el programa IIRSA (como el
Plan Puebla-Panamá para Centroamérica), debe ser entendido, no sólo como un
programa correspondiente a la nueva etapa económica del capitalismo mundial,
esto es, como la concentración del capital financiero actuando como dominación
político-económica en espacios territoriales concretos, sino como base material
de sustentación del capital imperialista y la adecuación política de los
Estados nacionales a esta sustentación.
Es por ello que, a pesar de los discursos
anti-imperialistas de los líderes de los Estados gobiernos latinoamericanos de
“izquierda” o progresistas (llámense Rafael Correa, Evo Morales, Lula Da Silva
o Hugo Chávez), todos encajan su acción política interna en el contexto de un
mismo programa: el de las corporaciones, que para Suramérica ha sido definido
mediante la IIRSA.
Pero, ¿qué es, en definitiva, la IIRSA?
Tal como su nombre lo indica, se trata de un
programa para la construcción de infraestructuras que hagan posible la
integración material de todos los países de América del Sur, mediante la cimentación
de grandes carreteras internacionales, enormes hidro-vías a lo largo de los
principales ríos suramericanos que hagan posible su navegación por barcos de
mediano y gran calado; grandes represas para la generación de energía;
importantes tendidos eléctricos y de fibra óptica para garantizar las
telecomunicaciones; vías férreas y puertos de aguas profundas; en fin, todas
aquellas obras de infraestructura necesarias para la explotación, extracción y
transporte de los recursos naturales, energéticos y de biodiversidad presentes
en espacios territoriales concretos en el continente suramericano.
El Programa se estructura en base a Ejes en
los que se logra la interconexión de regiones a través de vías de comunicación
que hagan posible la movilización de las inversiones y el traslado de las
mercancías y productos. Así, por ejemplo, el Eje Andino es la interconexión
vial de Caracas a Bolivia a través de dos grandes carreteras extendidas a lo
largo de los países andinos, tal como lo muestra el Mapa Nº 1.
Mapa Nº 1. Eje Vial Andino.
Programa IIRSA
En este sentido se han definido los
siguientes Ejes: Eje Andino, Eje del Escudo Guyanés, Eje Amazonas, Eje
Perú-Brasil-Bolivia, Eje Interoceánico Central, Eje Capricornio, Eje
Mercosur-Chile, Eje Andino-Sur, Eje Hidrovía Paraná-Paraguay, Eje del Sur (Ver
Mapa Nº 2). La definición de tales no es en modo alguno azarosa, sino que
responde a la prospección de los recursos naturales, energéticos, minerales,
agua, biodiversidad, etc., presentes en los mismos; así como las posibilidades
ciertas de ser interconectados a través de las debidas infraestructuras.
Mapa Nº 2. IIRSA: Ejes de
Integración y Desarrollo
El Programa de la IIRSA ha sido definido a
partir de lo que sus promotores establecen como siete principios básicos; a
saber:
1) Regionalismo abierto: se considera a Suramérica como un espacio
geo-económico integrado en tanto se reducen las barreras internas al
comercio y los cuellos de botella en la infraestructura y en los sistemas de regulación
y operación regionales, para lo cual se ha de establecer una Apertura
comercial total, que haga posible no sólo identificar los sectores
productivos de alta competitividad global sino su extracción, explotación y comercialización en el mercado
mundial. El regionalismo abierto es, pues, el principio que sustenta la
intervención de espacios territoriales a los que, hasta hace muy poco, las
políticas públicas de los Estados nacionales no alcanzaban.
2) Ejes de
Integración y Desarrollo: En concordancia con la visión geo-económica de la
región, debe establecerse un estándar mínimo de servicios de infraestructura de
transportes, energía y telecomunicaciones a fin de apoyar las actividades
productivas específicas de cada franja o Eje de Integración y Desarrollo. Esto
implica el desarrollo de negocios y cadenas productivas con grandes economías
de escala. La infraestructura debe facilitar el acceso a zonas de alto
potencial productivo que se encuentran actualmente aisladas o subutilizadas.
Se trata de una redefinición de un viejo concepto colonial: el concepto de
vacío, que permitió justificar la invasión europea de los territorios indígenas
en todo el continente, en tanto que los mismos se encontraban aislados, vacíos
u ocupados por entes sin conocimiento de las armas, la palabra escrita, sin
religión, en fin, vacíos de cultura.
3) Sostenibilidad
económica, social, ambiental y político-institucional:
La sostenibilidad en el tiempo se establece de acuerdo a cuatro elementos: (i)
por la eficiencia y la competitividad en los procesos
productivos; (ii) por el impacto visible del crecimiento económico que se
supone impactará sobre la calidad de vida de las poblaciones; (iii) por el
supuesto uso racional de los recursos naturales y la conservación del
patrimonio ecológico; y, (iv) para que los diversos agentes públicos (los
Estados) y privados (las Corporaciones) de la sociedad puedan y quieran
contribuir al proceso de desarrollo e integración.
4) Aumento del Valor
Agregado de la Producción: El desarrollo y la
integración regional no deben ser simplemente para producir más de lo que tradicionalmente
hemos producido, sino mejorar con innovación y generación de
conocimiento; por tanto, nuestras economías deben reorientarse para conformar
cadenas productivas en sectores de alta competitividad global (el mercado
mundial), capitalizando las diversas ventajas comparativas. Se trata,
pues, de grandes proyectos de escala mundial en el que las economías locales de
los pueblos habitantes de los territorios a intervenir, no tienen cabida por su
condición mínima y tradicional.
5) Tecnologías
de la Información: supone la transformación total de los
conceptos de distancia y espacio (y, por supuesto, de territorio y soberanía),
a fin de superar barreras geográficas y operativas; transformación que debe
aplicarse no sólo a los sistemas productivos de la región sino también, al funcionamiento
general de la sociedad, incluyendo los sistemas educativos, la
provisión de servicios públicos y de gobierno, y la organización misma de la
sociedad civil; esto es, nuevos marcos jurídicos e institucionales que naturalicen
la intervención de los territorios y obliguen a los pueblos a aceptar tal intervención
y despojo.
6) Convergencia
Normativa: todos los países deben con los requisitos jurídico-políticos
que permitan viabilizar las inversiones en infraestructura regional, esto
implica una necesaria convergencia de visiones y programas entre los países más
allá de lo específicamente relacionado con la infraestructura. Vale decir, el
programa se supone está por encima de cualquier interés geopolítico particular,
o las diferencias de visiones ideológicas de los Estados gobiernos nacionales
lo que los homogeniza, es decir, los hace converger en un mismo plan de
explotación de lo que se considera el territorio global de la IIRSA.
7) Coordinación
Público-Privada: finalmente, todo esto impone una coordinación
precisa y un liderazgo compartido entre los Estados gobiernos y el sector
empresarial privado (las corporaciones), lo que incluye la promoción de asociaciones
estratégicas público-privadas (empresas mixtas) en un ambiente regulatorio
adecuado para la participación significativa del sector privado. Se
entiende por liderazgo compartido, el desarrollo como una responsabilidad
compartida entre Estados gobiernos y los empresarios nacionales y
transnacionales.
Como es de apreciar, la IIRSA se configura como el Programa concreto
para la ejecución de un proyecto de recolonización continental, ya no por parte
del imperio de un país determinado, tal como la primera colonización europea en
el territorio de Abya Yala, sino de grandes corporaciones sin lugar, es
decir, del gran capital financiero transnacional que opera sin rostro ni lugar,
planetariamente.
Por otro lado, a partir de la aceptación e impulso del Programa IIRSA
por parte de todos los Estados y gobiernos en todo el continente suramericano,
la visión y misión de los mismos, sin lugar a dudas, pasa a otro
plano y por tanto, deben ser entendidos desde esa perspectiva. Esto es, el fin
de la ficción del periodo desarrollista y el inicio de la globalización
neoliberal en América Latina, convierte a los Estados nacionales en aparatos al
servicio de la nueva colonización o recolonización del continente.
En fin de cuentas, la
aceptación e impulso de la IIRSA en todo el continente resulta ser una
contundente victoria imperialista en tanto que ella no es más que la concreción
en el espacio, del Tratado de Libre Comercio con el que nos enfrentamos todos
los pueblos y hasta celebramos su derrota, mientras nuestros Estados gobiernos
(de derecha o de “izquierda”) acordaban su ejecución directa a través de la
IIRSA. Si quieres derrotar a alguien, muéstrale un falso enemigo para que se
desgaste en una lucha que, le impedirá verte como su enemigo real y
terriblemente verdadero.
b. IIRSA y lucha territorial en Suramérica.
Si bien es cierto que la primera gran sublevación popular en contra del
establecimiento de las políticas neoliberales en el continente fue la rebelión
de Caracas, el 27 de febrero de 1989, no menos cierto es que tal rebelión se
produjo; por un lado, sin la conciencia política del pueblo[6]
acerca del enemigo verdadero al que, con su vida, estaba enfrentando, y, por el
otro, por la ausencia de una dirigencia que tuviera claridad política acerca de
la coyuntura histórica y, mucho menos, de la necesidad de organizar con visión
estratégica esa batalla. En este sentido, lo primero se explica por cuanto,
apenas un par de meses atrás la población había votado masivamente por el ahora
presidente enfrentado con rabia, y, lo segundo, porque los movimientos
revolucionarios (léase, la guerrilla de los años 60 y 70), estaba totalmente
desarticulada (por no decir derrotada).
Esta rebelión fue seguida por la Marcha por la tierra y la dignidad de
Bolivia y también en Ecuador pero, como verdadero parte-aguas, por el
levantamiento zapatista del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de
los indios mayas de Chiapas, México, 1994. La significación de este
levantamiento no sólo venía dado por tratarse de un levantamiento armado, porque
se trataba de una guerrilla totalmente indígena, ni siquiera porque proclamaba
una palabra jamás escuchada en las luchas revolucionarias del continente: ¡Para
todos todo, nada para nosotros!, sino que su enorme significación continental
presente hasta hoy, viene dada por el hecho de que el levantamiento se produce
exactamente en el momento en que el Presidente Salinas de Gortari firma el
Tratado de Libre Comercio de los países de Norteamérica (NAFTA, en sus siglas
en inglés); pero también, porque ante el acuerdo de la colonialidad los
zapatistas respondieron con la reterritorialización de sus espacios,
construyendo, no sin costo de vidas, persecución y férrea resistencia, un
gobierno propio y verdadero en el más amplio sentido, es decir, de las
comunidades.
Asimismo, la lucha de los pemones en contra del tendido eléctrico
Venezuela-Brasil, es la primera confrontación de los pueblos indígenas
venezolanos en contra de un proyecto de la IIRSA y en defensa de sus
territorios. Lamentablemente, fueron derrotados, no sólo por ser una minoría
enfrentada a un monstruo imperialista, sino sobre todo, porque en el contexto
de la lucha contra el tendido surgió la figura de Chávez como posibilidad de
producir un cambio en las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas
que condujera a la eliminación (tal fue su promesa electoral del momento) del
proyecto de tendido. Como hemos visto, no pudieron estar más equivocados los
pemones y las fuerzas políticas que confiaron en el proyecto chavista. Chávez supo
desviar la lucha territorial pemona y la de todos los pueblos indígenas a
cambio de pequeñas atenciones a necesidades inmediatas de las comunidades, al
mismo tiempo que ha venido naturalizando nacionalmente la IIRSA como su
programa de gobierno “revolucionario y socialista”.
Posteriormente, abril del año 2000, se produce en Bolivia la llamada Guerra
del agua en Cochabamba. Esta, junto a la previa Marcha por la tierra y la
dignidad de los pueblos indígenas del Ecuador, representaron en su momento las
dos más grandes movilizaciones que terminaron con la defenestración de varios
presidentes en el Ecuador y en Bolivia, e impulsaron la carrera política de
Rafael Correa y Evo Morales en los respectivos países, al punto de alcanzar la
presidencia aupados por la esperanza de transformación social que los pueblos
indígenas, sobre todo, pusieron en sus manos. Hoy, las políticas pro IIRSA de
Correa con sus nuevas leyes que abren los espacios territoriales amazónicos indígenas
para la explotación minera en el Ecuador, o la defensa de Evo Morales del
proyecto de la carretera del TIPNIS, pone en evidencia una vez más, la
imposibilidad de una reterritorialización de los pueblos en contra del proyecto
imperialista desde las estructuras de los Estados gobiernos y, mucho menos,
dejando su lucha en manos de algún elegido.
Así, tanto a los pueblos indígenas bolivianos como ecuatorianos, les
toca regresar al camino que ellos mismos comenzaron a trazar con la Guerra del
agua y la Marcha por la Tierra y la dignidad; puesto que, en ese momento de la
lucha pusieron en evidencia al verdadero enemigo: las grandes corporaciones que
unidas al Estado gobierno nacional pretenden alcanzar un nuevo modelo de
colonialidad que haga posible la continuidad de su existencia en contra de la
existencia de los pueblos.
En Venezuela, la IIRSA ha logrado adquirir carta de naturalización,
incluso con Cédula de Identidad “socialista” y “revolucionaria”. Ya en el
comienzo del primer periodo presidencial de Chávez, su ministro de economía
Jorge Giordani presentó la ruta de desarrollo económico del proyecto
bolivariano sintetizado en lo que él denominó como de su autoría: Los Ejes de
Desarrollo de la revolución bolivariana; a saber, el Eje Oriental, constituido
por proyectos de explotación petrolera, gasífera y un puerto de aguas profundas
ubicado al extremo del estado Sucre en función del traslado de los recursos
(mineros y petroleros) extraídos de la región que constituye el segundo de sus
ejes: el Eje Apure-Orinoco, el cual supone la construcción de hidrovías, líneas
férreas y puertos fluviales que permitan interconectar las explotaciones de
recursos mineros, petroleros y de biodiversidad de la Amazonia del norte del
Brasil, los llanos orientales de Colombia y la región del Amazonas venezolano.
Finalmente, está el Eje Occidental, conformada por la totalidad de la Sierra de
Perijá y la cuenca del Lago de Maracaibo, y, cuyos proyectos esenciales los
representan la explotación minera-carbonífera, pero también de coltan presentes
en la Sierra, así como la transportación de gas, petróleo y carbón de los dos
costados de la Sierra (Venezuela y Colombia), a través del mejoramiento de los
puertos ya existentes en el Lago de Maracaibo y la construcción de un nuevo
Puerto de aguas profundas en la península de la Guajira.
Todo esto es lo que se nos ha ofrecido como el camino a seguir, para
convertirnos en una “gran potencia energética” que es el “corazón del Plan
Patria”. Este singular plan “patriótico” ha supuesto la conformación de
empresas mixtas entre el Estado gobierno nacional y las más grandes
corporaciones para la explotación de esos espacios en el oriente, sur y
occidente del país. En otros casos, la cesión de concesiones directas a
transnacionales mineras para la explotación de carbón, coltán y oro en el
estado Bolívar en el sur y en la Sierra de Perijá en occidente. Pero, sobre
todo, dado que el desarrollo de este “gran Plan Patria” se localiza en espacios
territoriales fundamentalmente indígenas, el reordenamiento territorial que
suponía la demarcación de los espacios territoriales indígenas ha sido
totalmente redefinido por la “revolución bolivariana” en función de los
intereses de estos proyectos de explotación.
De tal manera que, la demarcación de “tierras y hábitats” indígenas establecida
constitucionalmente desde 1999, no ha sido más que un sueño de opio para los
pueblos indígenas, y una justificación para el Estado gobierno chavista para la
liquidación de la lucha territorial indígena en Venezuela.
Es importante observar, además, que el “gran Plan Patria” y sus Ejes de
desarrollo representan la continuidad del modelo colonial impuesto por los
europeos en el siglo XVI, en el cual, la idea de vacío es determinante. Así, en
su justificación del programa, el ministro “socialista” Giordani establece que
(palabras más, palabras menos), Venezuela es un país cuya distribución
poblacional es totalmente anómala, pues, en su franja norte-costera se ubica el
60% de la población cuando en su lugar sólo se registra el 10% de los recursos
hídricos y naturales como para garantizar la existencia a tan elevada
población. Por el contrario, es en la región de la franja sur fronteriza donde
se concentra el 60% de los recursos mientras en ella sólo habitan cerca del 10%
de la población total del país. En definitiva, se trata de espacios geográficos
vacíos o, cuya población puede ser sujeta de desplazamiento en virtud de
su escasa o nula contribución al crecimiento económico nacional en tanto que,
se trata de economías tradicionales de auto-sustentación comunitaria que, por
eso mismo, no pueden ser colocadas por encima de los intereses del Estado que
representa a la mayoría de la población (Ver Mapas 3, 4 y 5).
Mapa Nº 3. Distribución demográfica en Venezuela.
No de balde, en declaración hecha a través de cadena televisiva
nacional, precisamente, desde el territorio indígena del estado Bolívar y,
especialmente dirigida a los pueblos indígenas, el presidente Chávez sentenció
como imposible la demarcación territorial de los pueblos indígenas fuera del
contexto del “gran Plan Patria”, esto es, fuera de la IIRSA, sus proyectos e
intereses estrechamente asociados al futuro del Estado gobierno “socialista” en
Venezuela.
Mapa Nº 4. Distribución de
los recursos naturales en Venezuela.
Mapa Nº 5. Distribución de la
biodiversidad en Venezuela.
Es por ello que, luego de más de una década
de haber sido promulgada la Constitución bolivariana que, en una de sus más
inmediatas disposiciones establecía la obligatoriedad del reordenamiento
territorial venezolano que suponía la demarcación de los espacios territoriales
correspondientes a los pueblos indígenas, este proceso puede ser catalogado sin
temor, como un despojo territorial que nada tiene que envidiar al realizado por
la corona española durante la conquista y colonización del siglo XVI, pues,
como quiera que sea, se trata no sólo del desconocimiento y la invisibilidad de
los pueblos indígenas a partir del concepto de vacío, sino la adecuación del
Estado nacional a la nueva configuración del capitalismo mundial que lo
requiere como Estado corporativo. Así, los pueblos indígenas de Venezuela se
encuentran en el disparadero: o se deciden, a todo riesgo, iniciar la
reterritorialización autónoma de sus espacios (lo que implica la generación de
autogobiernos con agenda política y calendario propios), o caerán en la rampa
creada por el imperialismo, el capital financiero mundial pero concretamente
aplicada por los Estados nacionales representados por quienes ejercen su gobierno,
que prometen una salvación que sólo alcanzarán con su muerte y desaparición,
algo así, como el paraíso después de la muerte.
Todos los pueblos indígenas venezolanos han
venido sufriendo a lo largo de la historia colonial europea y de la colonialidad
interna republicana, una paulatina e incesante pérdida de territorios; de tal
manera que, cuando la Constitución bolivariana estableció su reconocimiento
como comunidades con lengua, tradiciones, religión y espacio propio, no podían
menos que celebrar el sueño de opio que se les proponía. Sin embargo, en el
fondo, de lo que se trataba era de la nueva etapa del despojo territorial y de
la definitiva condena de su desaparición cultural, esta vez, aupada aún por
buena parte de sus propios integrantes, ahora convertidos en Ministros,
Diputados, o dirigentes de Consejos Comunales establecidos por el partido de
Gobierno y que sustituían sus autónomas formas de organización política, pues, en esta etapa y en todo caso, el reordenamiento territorial sólo
tiene que ver con la determinación de espacios para la explotación de recursos, en estratégico negociado
entre el Estado gobierno y las imperialistas corporaciones; mientras que, los
pueblos indígenas (algunos de ellos para ser más precisos), de acuerdo al concepto
colonial de vacío revitalizado por el
“gran Plan Patria” de la “revolución bolivariana”, deben conformarse con la
demarcación de pequeñas parcelas que terminarán por enclaustrarlos en pequeños
“hábitats” que habrán de condenarlos a una segura desaparición cultural y
física. (Ver Mapas Nº 6 y 7).
Mapa N° 6. Pueblos Indígenas y sus territorios en
Venezuela.
Así, luego de 12
años el gobierno de la “gran Patria” sólo ha demarcado (según sus propias
cifras), unas 905.582 hectáreas, “beneficiando”[7]
apenas a unas 34 comunidades indígenas pertenecientes a unos 6 de los 34
pueblos indígenas originarios en Venezuela. Dicho de otra manera, se trata de
una demarcación territorial conscientemente ejecutada como política de
contrainsurgencia en contra de los pueblos indígenas y como política
entreguista y en contra de la soberanía de Venezuela como república.
Mapa
Nº 7. Tierras otorgadas a pueblos indígenas. Informe 2005-2007[8].
En definitiva, la lucha territorial indígena
en Venezuela y todo el continente, no sólo es una lucha de resistencia por el
espacio que les hace ser lo que son, sino que constituye la verdadera
confrontación civilizatoria entre la nueva colonialidad y la posibilidad de
reconstituir nuestras naciones latinoamericanas desde otra perspectiva, es
decir, desde otra filosofía, otro pensamiento y, por tanto, desde otra forma de
organización y funcionamiento social. Tal perspectiva, no sólo es difícil de
comprender por los propios pueblos sometidos, sino también, por las fuerzas
críticas que, en su reflexión, se resisten a abandonar un estadocéntrismo de
profunda raíz colonial que les impide aceptar la posibilidad de un papel
protagónico de las filosofías indígenas, negras y campesinas, pues, siempre han
sido consideradas “incapaces” de proveer de pensamiento propio a un proyecto
societario que englobe a todos los que somos hacia una vida mejor.
IV. Aeinta jara atta eirawa: Lo que está por
verse.
Cuento:
En una
oportunidad, viajamos a la Sierra de Perijá para visitar a la comunidad barí de
Karañakaëg y, muy particularmente a Benito Askerayá. Nos parecía importante
esta visita pues, teníamos la información de la posibilidad de inicio de
trabajos para la explotación de un lote de carbón ubicado exactamente en el territorio
de la comunidad. Sabíamos que la empresa MAICCA había vendido su concesión a un
consorcio chileno que, de inmediato pretendía hacer efectiva la explotación.
Así, con estas
inquietantes noticias llegamos a la comunidad que, como siempre, se encontraba
apacible y dedicada a sus labores cotidianas. De inmediato, comentamos a Benito
y sus compañeros las informaciones, el riesgo que ellas suponían y la necesidad
de preparar un curso de acciones para enfrentarlas.
Pero, para
nuestra sorpresa, Benito y los otros barí a pesar de escuchar con atención
nuestra alarma, sin embargo, no mostraron inquietud alguna, por el contrario,
con pasmosa tranquilidad sólo asentían a nuestras palabras sin referirse a
nuestras propuestas de acciones. En un momento de descanso de la reunión, me
acerqué a Benito para decirle que no entendía cómo al enterarse de lo que se
sobrevenía ellos se mostraban tan tranquilos; entonces, Benito me respondió:
-
Cuando venías por el camino,
¿viste bien el río?
-
Si.
-
Te fijaste que hay partes de
las orillas que las hojas lo tapan.
-
Si, el río casi ni se ve.
-
Bueno, así somos los barí.
Cuando todos creen que estamos tranquilos, es porque andamos como el río debajo
de las hojas.
Ciertamente, un
par de meses después, los barí de Karañakaëg y de otras comunidades vecinas,
detuvieron a los hombres de la minera, apresaron a su jefe, capturaron sus
herramientas y enseres, antena de radio-transmisión, GPS, y terminaron
expulsándolos de su territorio en una acción tan contundente, que la compañía
chilena se retiró del lugar de manera definitiva abandonando para siempre la
concesión.
Para la lucha
indígena en contra de los planes de la “gran Patria” como “potencia
energética”, esta experiencia barí es singularmente importante, pues, de cierto
los pueblos indígenas saben que lo que está sobre la mesa es su definitiva
permanencia y su existencia como pueblos culturalmente diferentes. Sin embargo,
es necesario señalar, que una cosa es la consciencia acerca de la circunstancia
histórica y otra muy diferente convertir la consciencia en acciones
correspondientes. Esto es, una cosa es lo que se incuba y otra muy diferente lo
que está por verse.
Tal vez, uno de
los falsos teoremas que más daño ha hecho al pensamiento de la izquierda es
aquel que, esquemáticamente, señala el devenir histórico al socialismo como una
especie de flecha que avanza inexorable hacia el cambio de la sociedad. Nada
más falso, pues, una cosa es lo que se cocina en el horno de la historia y otra
lo que está por verse fuera del horno. De allí que, pensar que la actual
coyuntura de crisis del capitalismo señala su fin puede ser, no sólo ingenuo,
sino mortal para los pueblos en lucha. De hecho, estamos convencidos que lo
correcto es pensar que la crisis actual del capitalismo forma parte del proceso
de su pase a una nueva configuración de sí mismo, lo que ciertamente no deja de
ser traumático y riesgoso para su permanencia. En este sentido, el gran capital
tiene consciencia de ese riesgo y, por eso mismo, se dedica a cambiar la
fisonomía de sus políticas de contrainsurgencia, toda vez que la crisis genera
el surgimiento de sujetos que pudieran en un momento determinado profundizar la
lucha hacia un camino verdaderamente antisistémico.
Dicho en
palabras de Raúl Zibechi:
“Aunque atraviesa una profunda crisis estructural, el
capitalismo durará tanto tiempo como
los de abajo demoremos en encontrar alternativas sostenibles, o sea capaces de auto-reproducirse. Ningún sistema desaparece
hasta tanto nazca otro capaz de sustituirlo;
uno que esté capacitado para cumplir de modo más eficiente, las funciones que no puede seguir realizando el sistema en
decadencia. Por esta sencilla razón, avalada
por todas las transiciones en la historia, es que las elites se empeñan en
impedir que nazcan, crezcan y se expandan
formas de vida no capitalistas, capaces de superar el inevitable aislamiento inicial para crecer, hasta convertirse
algún día en sistema. En esa
función, las políticas sociales juegan un papel relevante, insustituible. Con
la excusa de aliviar la pobreza, buscan
la disolución de las prácticas no
capitalistas y de los espacios en
los que ellas suceden, para someterlas a las prácticas estatales. El mejor camino es no hacerlo por la violencia, que
suele mutarlas en organismos resistentes, sino
someterlas suavemente, administrándoles –como antídotos- relaciones sociales similares a las que dieron vida a esas
prácticas no capitalistas”. (Zibechi, 2010:11)
En este sentido,
podemos decir sin temor, que luego de los grandes levantamientos en contra de las
políticas neoliberales en toda América Latina, que fue capaz de derribar
gobiernos y obligar a reformas políticas en todos los Estados nacionales,
solamente el movimiento zapatista de los mayas de Chiapas, ha seguido la ruta
de la consolidación del autogobierno en espacios autónomamente re-territorializados.
Como los zapatistas, pocos son los movimientos indígenas, campesinos, negros o
de comunidades rurales o urbanas que hayan resistido con éxito a ese
“inevitable aislamiento inicial”, y, por el contrario, la mayoría de ellos ha
sucumbido a los espejismos creados (como políticas sociales ejecutadas
exactamente por “gobiernos populares”), por el propio capitalismo en su etapa
de globalización, y, hay que ver los esfuerzos que política y militarmente, las
elites mexicanas (desde el PAN, el PRI y el PRD) han realizado a lo largo de
los últimos 18 años en función de quebrar la lucha por la autonomía de los
mayas zapatistas de Chiapas, su dirección política reunida en el Comité
Clandestino Revolucionario Indígena, y su EZLN (Ejército Zapatista de
Liberación Nacional), y obligarlos a mediatizar su lucha a través de los
mecanismos del Estado-gobierno.
Cuento:
Esa mañana, una
comunidad zapatista fue despertada por un singular llamado a todos los miembros
a participar en una asamblea general que se realizaría en el espacio destinado
a ese tipo de reunión.
La asamblea de
personas se organizó en un gran círculo en cuyo centro se encontraba un
compañero que, se sabía, ocupaba un cargo como autoridad dentro de la comunidad.
Por el tono y los gestos de los participantes, se entendía que por alguna razón
el compañero estaba siendo sometido a un verdadero juicio por su comunidad.
Luego de una
enorme algarabía en la que todos hablaban casi al mismo tiempo, sin cesión parlamentaria
del derecho de palabra, la asamblea fue quedando en silencio. Luego de un breve
instante de mutismo, un miembro de la asamblea dijo un breve discurso y, de
inmediato, el personaje que había permanecido en el centro de la asamblea, sacó
de una bolsa un pequeño fajo de billetes que ante todos, comenzó a despedazar
uno a uno. Posteriormente, fue llevado a un camión en el que se colocaron
varias bolsas de comida y acompañado por varios hombres de la comunidad, el
juzgado partió hacia el pueblo más cercano.
Luego, un compa
informa y aclara todo lo ocurrido a los que habían presenciado el hecho sin
llegar a comprender: el compañero, miembro de las autoridades de la comunidad,
había sido juzgado por haber aceptado del gobierno oficial municipal (una alcaldía
en manos del PRD), bolsas de comida y dinero en efectivo que la municipalidad
otorgaba en supuesta solidaridad para favorecer a los indígenas zapatistas que,
ciertamente, padecían de muchas necesidades. Sin embargo, su decisión colectiva
de reiniciar su originario y guerrero camino autónomo, les llevó a condenar a
uno de sus miembros, por demás elegido
por ellos como autoridad, aún por encima de sus buenas intenciones para con la
comunidad. Se trataba, pues, de sostener, aún en el peor de los aislamientos y
necesidades, un camino propio y diferente al que el Estado gobierno pretende
establecer como único y natural camino posible.
El espíritu y
las consecuencias que supone esta rebelde decisión, lamentablemente, no se
encuentra en la mayor parte de las organizaciones indígenas del continente, y,
mucho menos, en las organizaciones indígenas de Venezuela. Por el contrario,
sobran los que buscan justificar el sometimiento de las organizaciones
indígenas a las políticas sociales del Estado gobierno (siempre lo hicieron en
tiempos de la llamada 4ª República, pero también ahora en la 5ª de Chávez). Se
trata de las elites políticas (de derecha e “izquierda”) que buscan reencauzar
los movimientos antisistémicos hacia la razón del sistema.
En los últimos
años, exactamente en lo que va del periodo de la llamada “revolución
bolivariana” hemos sido señalados, casi en despectivo tono acusatorio, de
anarquistas. Este señalamiento se nos hace como si hubiera que avergonzarse de lo
que se nos endilga como infamante apelativo. No obstante, estos señalamientos
los hemos entendido cuando la acusación proviene de sectores que, realmente
desconocen los aportes de los anarquistas al impulso de las luchas sociales en
el mundo; pero, esto mismo resulta inaceptable cuando proviene de intelectuales
que, conociendo la historia del anarquismo la usan para descalificar la lucha
por la autonomía de los pueblos. Estas acusaciones no son gratuitas ni
fortuitas, responden en lo esencial, a la política de contrainsurgencia
desarrollada por el Estado gobierno chavista y sus elites, en función de
contener cualquier proceso de construcción autónomo o no apegado a las
políticas del gobierno cuya pretensión no ha sido otra que el hacer de una adecuación a la
reconfiguración de la colonialidad imperialista en Venezuela y el continente.
Así, pues, no
resultará nada fácil generar las condiciones para que emerja a la superficie de
la lucha política lo que, ciertamente, se está incubando en todo el continente
pero que, aún está por verse. Esto es a lo que Hugo Zemelman denomina “lo dándose”[9]
al interior de una realidad pero que, no necesariamente, termina por darse, ya
que en una misma coyuntura pueden converger condiciones diversas que
ciertamente pueden lograr desviar a los movimientos y reencauzarlos hacia la
corriente de su antigua dominación, es por lo que muchos miembros de esas
elites que ahora nos acusan, terminan generalmente del lado contrario, pues, llegan
a naturalizar en sí mismos las políticas de contrainsurgencia que desde su
estado-centrismo y de manera consciente o inconsciente, han contribuido a
desarrollar en contra de las iniciativas autónomas de las comunidades.
En todo caso,
debemos tener claro que el actual momento histórico es trascendental, no sólo
para el movimiento indígena continental, sino también, para los campesinos, los
negros, los sin tierra, los sin techo, los desplazados rurales y urbanos, los
desempleados, los tercerizados, en fin, para todos los necesariamente excluidos
de la nueva etapa de la globalización capitalista y la recolonización y su
correspondiente colonialidad interna en América Latina.
Sin embargo,
estos riesgos pueden ser perfectamente interpretados en su más amplia dimensión
a partir de tres principios que las elites estado-céntricas no se cansan de
promover; a saber:
a.- La separación
del espacio y el tiempo como categorías distanciadas.
Para el
pensamiento y la ciencia occidental, la separación conceptual entre espacio y
tiempo es una herencia del filósofo Inmanuel Kant. De esta separación
conceptual surgen como disciplinas, igualmente separadas, la Geografía,
dedicada a dar cuenta de los fenómenos del espacio y la naturaleza, y, la
historia, como relato narrativo de los acontecimientos. Por esa vía, los
acontecimientos históricos vinculados a la lucha entre las diferentes clases
sociales en función de alcanzar su propio bienestar, quedan separadas de los
espacios territoriales ocupados por las mismas clases en lucha. Esto quiere
decir, que para el pensamiento occidental (incluida su versión más crítica del
marxismo-leninismo), la lucha de clases como motor de la historia no debe
implicar, necesariamente, el espacio donde ciertamente ocurre. Vale decir, la
lucha por el poder no es necesaria y kantianamente, territorial.
Esta separación
conceptual entre espacio y tiempo no sólo es abstracta, sino que tiene su
sentido de aplicación política práctica, especialmente, para las elites
intelectuales estado-céntricas actuales en cuanto a la periodización de los
procesos políticos de lucha de clases; esto es, la relativización temporal de
los procesos de transformación, lo que equivale a decir y, a exigir a los
movimientos sociales, paciencia, no exigir más allá de lo que temporalmente el
nuevo Estado gobierno pueda realmente dar en el contexto de su “juego de poder”
con las fuerzas imperialistas; de lo contrario, pudiera estarse obligando a una
ruptura radical, “anárquica”, del tiempo del proceso “revolucionario”.
Espero que la
ironía sea entendida, pues, ciertamente, no existen verdaderos procesos de
transformación cuyo origen resulten de una periodización calculada. Esto lo
saben muy bien las elites intelectuales del gobierno chavista; sin embargo,
insisten en ello cubriendo su falacia, extrayendo, no precisamente de Marx al
que juran lealtad, sino del fondo de la filosofía kantiana la justificación de
una supuesta periodicidad de los procesos de transformación revolucionaria.
“Esperen. Todo
llegará a su tiempo”, dicen las elites asesoras, y dice Chávez continuamente a
la población esperanzada. Por esta vía, no sólo logra asentarse en el poder el
nuevo Estado gobierno, sino que desde la supuesta naturalidad del tiempo
separado del espacio, las comunidades entran en la ruta marcada por el
capitalismo como sistema natural en el tiempo. Así, a pesar del “chulo” Dietrich
(Diosdado dixit), más que marxista, el gobierno de Chávez y su elite
intelectual es kantiana, lo que resulta a la luz de su discurso, toda una
aberración.
Pero la
separación de tiempo y espacio, además, ha permitido a la elite intelectual del
nuevo Estado gobierno trasladar la lucha territorial de los pueblos indígenas hacia
otras instancias; por ejemplo, la racial. Por esta vía, la lucha de Sabino por
los territorios yukpas en la Sierra de Perijá, por ejemplo, no constituye,
según ellos, un enfrentamiento entre comunidades indígenas en contra de los
planes imperialistas contenidos en la IIRSA, sino que se trata de una singular
confrontación entre unos “hacendados racistas” en contra de los indios
exclusivamente por su raza. En modo alguno pretendemos negar la condición
racista de buena parte de los hacendados y aún de la población no indígena de
la región de Perijá; sin embargo, adjudicar la confrontación yukpa por sus territorios
a una cuestión racial deja intencionalmente por fuera al Estado gobierno que,
por demás, constitucionalmente (aceptado aún por los hacendados racistas), está
obligado a demarcar los territorios indígenas en todo el país, tal como ha
ocurrido en todos los países del continente. De tal manera que, esta no es más
que una manera kantiana de sacar al Estado gobierno de sus innegables
vinculaciones con la propuesta imperialista de dominación territorial a través
de la IIRSA.
Por otro lado,
separar el tiempo del espacio permite construir agendas y calendarios
totalmente fuera del contexto de la lucha territorial. Así, las luchas y
aspiraciones de las comunidades concretas por sus espacios territoriales
locales concretos, generalmente quedan fuera de la agenda y su calendario de
realización es siempre postergado. Esto, lamentablemente, ha venido ocurriendo
a lo largo de la historia del movimiento social latinoamericano hasta ahora,
donde, salvo el movimiento zapatista de Chiapas ha logrado establecer su propia
agenda y calendario de lucha. Pero el movimiento zapatista es una excepción y no
la regla; por tanto, de lo que se trata es de convertir la experiencia
zapatista en regla del movimiento social latinoamericano en general, y
venezolano en particular, en el sentido de entender que la agenda de lucha de
los de abajo debe corresponder a su propia y autónoma interpretación del tiempo
en su espacio concreto, y, de esa interpretación autónoma imponer a los de
arriba el calendario y la agenda de confrontación.
El hecho de
desandar a partir del calendario y la agenda que imponen los de arriba (los del
Estado gobierno y sus opositores), no sólo distrae a las comunidades en luchas
de poder propias de los que están en el poder. Ahora mismo, ante la coyuntura
de la desaparición de Chávez del poder del Estado gobierno, más de un
movimiento social comienza a transitar la agenda y el calendario que los de
arriba (adeptos y contrarios al chavismo) imponen, haciendo especial uso de los
medios de comunicación, como un destino marcado y por el que todos debemos
obligatoriamente transitar.
Con esto no
queremos decir que se desconozca la coyuntura, sino que nuestra acción en la
misma debe darse a partir de nuestra propia agenda y nuestro propio calendario
de lucha. Así, ante el muy probable retiro de Chávez del gobierno (anunciado
por él mismo en testamento televisado), la cuestión no está en quien lo
sustituye, ni cuando, sino que desde nuestra agenda y nuestro propio calendario
debemos profundizar la lucha por los territorios indígenas asumiendo el
gobierno de nuestros propios territorios; tal como los obreros de las Salinas
en Sucre han tomado el gobierno de la empresa, el que además, debe extenderse
territorialmente hacia el espacio donde el Estado gobierno de Chávez ha
negociado la construcción de un Puerto de Aguas profundas como parte de la
IIRSA.
En fin, se trata
de que de una vez por todas, asumamos de manera autónoma la soberanía de
nuestras luchas en nuestros espacios. Dicho de otra manera, de lo que se trata
es de territorializar nuestro tiempo histórico, lo que no significa otra cosa
que tomar la decisión de ser autónomos en nuestro
pensar y en nuestro hacer como
único camino posible a nuestra liberación
como comunidades, como pueblo, como nación.
b.- La filosofía
del mal menor.
Encadenada a la
intencionada separación de tiempo y espacio, la “filosofía” del mal menor es aquella a través de la cual
se concede carta de naturalización a lo que, desde el poder, las elites imponen
al resto de la sociedad; de tal manera que, los explotados: indígenas,
campesinos, obreros, desempleados y demás han de conformarse con lo otorgado,
en tanto que, su realidad es en sí un mal
menor.
Este principio
de conformidad (y de conformismo), ha llegado a convertirse en teoría política
que nuestras elites han diseminado en el corazón y el pensamiento del pueblo
dominado, a tal punto, que siempre terminamos aceptando lo que en realidad es
inaceptable a cuenta de que se trata de un mal
menor a riesgo de entrar en un tobogán de confrontación y de inestabilidad,
es decir, se nos amenaza con la posibilidad de un mal mayor.
Así, por
ejemplo, desde la “filosofía” del mal
menor se nos dice comúnmente: entre Arias Cárdenas y Pablo Pérez, voten por
Arias, porque él es un traidor capaz de pactar con hacendados y sectores
vinculados a las transnacionales carboneras y al proyecto de Puerto de Aguas
profundas en la Guajira, pero él es el mal
menor, frente al mal mayor que representa Pablo Pérez, representante de
Manuel Rosales y la derecha imperialista. Y, para colmo, publican toda una
justificación que une con saliva de loro,
nada menos que a Sabino Romero con Chávez y Arias Cárdenas en un mismo proyecto
de paz mundial. Sólo que en la realidad de los hechos de ese peculiar proyecto
de paz, a Sabino y su comunidad le ha
tocado poner los muertos, Chávez no ha tenido problemas en poner los
territorios indígenas y las trasnacionales la explotación de los mismos, a Arias
sólo le tocará gerenciar la renta correspondiente al Estado gobierno, eso sí,
con lealtad al líder de nuestra singular revolución.
Pero todo esto
es posible porque, sabemos, desde la óptica del Estado gobierno y sus elites,
el territorio como espacio, nada tiene que ver con el tiempo; pero además, esta
relación convertida en agenda económica y política es naturalizada a partir de
que buena parte del movimiento social (por no decir que todo) entra en esa
agenda y cede una y otra vez bajo la interpretación de su lucha desde la
entronizada “filosofía” del mal menor.
Por esta vía,
hemos venido no sólo actuando dentro de la agenda y calendario impuesto por los
de arriba, sino aceptando como natural el
mal menor que nos otorgan con una condescendencia tal, que le borra incluso
su condición de derecho, lo que convierte al mal menor en una dádiva por la que tenemos que pagar y, además,
debemos agradecer al comandante presidente y a sus acólitos del Estado
gobierno, pues, se supone que ante la inexistencia de otro camino al
establecido por el capitalismo mundial, todo lo que el comandante presidente
hace desde el gobierno del Estado, permite perdonarnos la vida y darnos un
poquito más de tiempo de existencia. Esta especie de sentimiento de culpa con
la que se ha inoculado al movimiento social venezolano durante la última década
ha sido, además, edulcorada por la explotación de una religiosidad que
ciertamente asimila la “filosofía” del mal
menor con la frase del sentido común: “No hay mal que por bien no venga”.
En última
instancia, la separación del tiempo y el espacio y su consecuente “filosofía”
del mal menor, como nunca antes ha formado
parte de las acciones de sustentación y ejecución de la política de
contrainsurgencia del Estado gobierno para el sometimiento de las comunidades.
En este sentido, la lucha por los territorios requiere un movimiento indígena
capaz de asumir su autonomía como expresión del ejercicio del autogobierno en
sus espacios; para lo cual debe ser igualmente capaz de impulsar la alianza
entre iguales, con los otros explotados: campesinos, obreros, desempleados,
marginados urbanos, etc., con ellos ha de territorializar la lucha en la
construcción de otra sociedad, una basada en la filosofía de la vida buena
que nunca será un mal menor, sino el ejercicio de la plenitud de la existencia
humana.
c.- El destino
manifiesto.
Este tercer
principio es un viejo argumento utilizado por el imperialismo para la
justificación de su imposición colonial y su aceptación, por una supuesta
imposibilidad de luchar contra la
corriente de la historia, por parte de las poblaciones sometidas. Este
principio siempre fue asumido por los Estados nacionales en su etapa desarrollista
en contra de las poblaciones rurales (indígenas y campesinas) para su
aceptación del despojo territorial a favor del capital industrial y la
agroindustria. Fue el tiempo de la lucha del Estado en contra del Latifundio y
el Minifundio y su concreción en una Reforma Agraria continental que, al tiempo
que liberaba espacios a la nueva distribución territorial del trabajo,
paralizaba la lucha continental por la tierra en el contexto de una
generalizada guerra revolucionaria en los años 60. Se trataba de lo que la
administración de John F. Kennedy denominó como la “revolución permitida”
instrumentada y llevada adelante por un aparato creado ad hoc conocido como la Alianza para el Progreso.
No es de
extrañar que fuerzas políticas de izquierda asuman principios y conceptos
provenientes de los centros imperiales de poder, pues, ciertamente, en América
Latina la historia de la colonialidad del poder no es posible ser separada de
la historia de la colonialidad del saber, ya que la colonialidad del poder requiere
del sustento de una subjetividad creada por la colonialidad del saber; esto es,
todos los conceptos que sustentan el poder colonial y la colonialidad, son
construcciones teóricas elaboradas en instituciones creadas (especialmente las
educativas universitarias) o encauzadas a tales fines, que se proponen además,
como expresiones de un inapelable método científico como orientador del rumbo a
seguir de manera inexorable.
Sin embargo, es
realmente interesante ver cómo la idea del destino
manifiesto, combatido por los movimientos de izquierda con particular
fuerza en los años 60, se convierte hoy, en el más importante principio sobre
el que se fundamenta el accionar de los Estados gobiernos en manos de la
“izquierda” en América Latina. Es por ello que podemos escuchar a los más
importantes intelectuales del llamado “pensamiento crítico”, frases como: “es
imposible construir el socialismo desconociendo la presencia y fortaleza del
capitalismo mundial”; o, “nuestra revolución debe avanzar por etapas en las que
la negociación con el imperialismo forma parte del proceso”. En fin, aún en el
supuesto proceso de construcción del socialismo, el destino de las comunidades
ya está escrito.
Personajes como
Rafael Correa (formado en una Universidad norteamericana) llegan aún más lejos,
y catalogan como un infantilismo las pretensiones del movimiento indígena de
negarse a la explotación minera de sus territorios; o la de Chávez cuando les
comunica a los pueblos indígenas de Bolívar y Amazonas, que “él no puede darles
las tierras del Amazonas (como si en verdad fueran de él y estuvieran en su
bolsillo para ser repartidas), pues, eso negaba la posibilidad al desarrollo indetenible de Venezuela como una
potencia energética. Sólo le faltó decir, como destino manifiesto e impuesto
por las corporaciones.
Para no abundar
más en este punto, la separación del tiempo y el espacio (de la filosofía
kantiana) no sólo conduce al movimiento social a la religiosa aceptación del mal menor como alternativa, sino como el
destino manifiesto escrito por los
dioses de las corporaciones y aplicados por sus “Papas” al frente de los
Estados gobiernos como verdaderos representantes del Dios del capital en la
tierra.
V. Ama eiña oota Aeinta jara atta eirawa
(¿Cómo
hacer brotar lo que está por verse?)
Para explicar
este, nuestro último punto, esperamos nos sirva esta relación:
Entre los añú,
al salir de pesca, la tripulación de sus pequeñas embarcaciones debe ser
conformada de manera hermanada como los dedos de una mano. Así, el dedo pulgar
es el aeinkai (el conductor), es decir,
el que tiene el espíritu, el corazón de la embarcación y la lleva hacia el
lugar señalado por el dedo índice que, en su condición de Kacheekai (el que escucha), es el encargado de
sumergirse en las aguas del Lago, y detectar con su fino oído la voz de los
cardúmenes para señalar su especie, posición y distancia para que, finalmente,
los tres restantes: medio, anular y meñique actúen como red en el momento de ookotiwin jou’üyükan (cortar las aguas para
emerger los peces). Como vemos, se
trata de todo un esfuerzo colectivo en el que cada miembro de la tripulación
actúa en conjunto, y, por tanto, imposibilitado de cualquier acción individual
que lo separe de la mano social de la que forma parte. De esta forma, la pesca será
siempre exitosa y benefactora; por tanto, no hay posibilidad a que cualquiera
actúe por cuenta propia ya que cada acción requiere de la participación
coordinada de cada uno de sus miembros.
Con esto
queremos establecer como principio fundamental para lograr hacer brotar lo que
está por verse, la necesidad de una visión colectiva de todos y todas nuestras
acciones, de tal manera que, de manera definitiva, la consideración de
personajes iluminados o predestinados los enviemos definitivamente a la
dimensión a la que corresponden: el campo del destino manifiesto imperialista al que representan.
Así, en
contraposición de los principios de la colonialidad del poder y del saber,
anteriormente descritos, la construcción autónoma de nuestro camino de
liberación exige que entendamos y ejerzamos los siguientes principios:
- Cuando un dedo de nuestra mano es golpeado, toda nuestra mano sufre.
Una de las
condiciones que la colonialidad del poder y la colonialidad del saber han
establecido como cuestión inobjetable para alcanzar el conocer la realidad y la
acción sobre la misma es, la separación de las partes del todo. Así, el hecho
de dividir una totalidad en sus elementos garantiza, según su percepción, su
conocimiento y, por tanto, su manipulación. Sin embargo, sabemos, que desde la
perspectiva y experiencia de los pueblos y comunidades indígenas, campesinas y
negras, esta separación es imposible, a riesgo de desarraigar y alienar a toda
la cultura de su espacio y de su tiempo histórico.
Con esto
queremos establecer como punto de partida para un hacer que haga posible la emergencia de lo que el actual momento
histórico plantea a todos los pueblos indígenas, la necesidad de enlazar todas
nuestras luchas en una sola: la re-territorialización y la defensa de nuestras
particulares y enlazadas territorialidades.
De tal manera
que, la lucha de los Mapuches, por ejemplo, aunque histórica y geográficamente
particular, en nada se diferencia de la lucha de los barí o yukpas de
Venezuela. Pero también, no es en nada diferente ni puede ser separada de la
lucha de los obreros de las Salinas de Sucre en el oriente venezolano, ni de
los Nasa, Awa y Embera en Colombia; en fin, que todos estamos siendo atacados
por un mismo y único enemigo: el capital financiero internacional y sus corporaciones,
en alianza directa con los Estados gobiernos nacionales y sus representantes
políticos circunstanciales (ya de “izquierda” o de derecha).
En este sentido,
es urgente la creación de mecanismos que permitan a nuestras manos actuar de
manera inmediata cuando alguno de nuestros dedos está siendo golpeado por estos
enemigos.
- Cuando un dedo de nuestra mano se mueve toda nuestra mano se moviliza.
En este orden, debemos
ser capaces de atender de manera inmediata al señalamiento de nuestro Kacheekai, en el momento y lugar en que se produzca. Es decir, toda comunidad
que se decide a territorializar su lucha se constituye en ese particular
momento, en nuestro Kacheekai y, por tanto, nos moviliza a todos
en su defensa, ya que ella es, al mismo tiempo, la defensa de la
territorialización de todas y cada una de nuestras luchas.
Esto es así, por
cuanto, debemos entender que a pesar de la particularidad espacio-temporal que
cada lucha posee, ninguna de ellas, en el contexto de la globalización
imperialista, podrá sostenerse sin el concurso de una lucha de todos.
- Cuando nuestra mano pesca, comparte todo con las otras manos.
Todo lo anterior
no se refiere a otra cosa que a la decisión política de construir nuestra
autonomía. Sin embargo, la autonomía es una construcción que no sólo está
vinculada a decisiones políticas sino, igualmente, económicas; esto es, la
necesidad de construir desde y por nosotros mismos la resistencia, por tanto,
es para nosotros fundamental construir la alianza entre iguales y, sobre
estas bases establecer el rumbo de nuestras alianzas con todos los posibles
aliados, y no a la inversa.
Así, pues, la
alianza entre iguales comienza por todos aquellos lazos que se establecen desde
las propias luchas y en acuerdo a nuestra propia interpretación de la coyuntura
histórica. Vale decir, nos unimos en principio a todos aquellos que forman
parte de la mano que somos: indígenas, campesinos, negros, campesinos sin
tierra, desempleados, sin techo y todos los despojados y tercerizados locales,
nacionales y continentales, es decir, con todos nuestros iguales, y, es con
ellos que debemos, en primer término, ser capaces de tejer las redes de nuestra
autonomía.
- Nuestra mano es para construir y acariciar sueños, pero también para abofetear pesadillas.
Al tiempo que
territorializamos nuestras luchas, esto es, nuestra resistencia, a partir de la
decisión autónoma de establecer en nuestros espacios el tiempo de nuestro
propio gobierno, debemos prepararnos para defender tal decisión y acciones, lo
que equivale a decir, que debemos construir todas aquellas formas de
organización posibles y necesarias para defender nuestra autonomía.
Dicen los más
viejos añú (araurakan, paraa añunkan) que en el momento en que el cacique
Nigalee organizaba los contingentes para luchar en contra de los españoles que
les habían arrebatado a los añú su más apreciado producto: la sal, dijo a la
asamblea, algo como esto:
Api wookota Nükü enemigakarü,
wakaanipeichi keeta aeini jaña ama wannü
Esto es: Para
nosotros decir la palabra enemigo tuvimos que nombrarlos a ellos como a nuestra
enfermedad.
Para los añú, al
igual que para muchos pueblos indígenas, la existencia de todo lo que está
presente en el mundo se define por su complementariedad con los otros, por
tanto, las relaciones entre todas las cosas se enmarcan en una armonía que sólo
brinda la paz. Vale decir, jamás se busca la guerra sino el acuerdo, tal es el
sueño que se acaricia mientras se construye la vida; sin embargo, tal como
sucedió con Nigalee, en el momento en que la pesadilla llega con la imposición
del sometimiento al dolor, la humillación o la negación, el soñador está
obligado a sacudir su sueño, despertar y borrar violentamente las imágenes
perturbadoras de la pesadilla.
Lo que
pretendemos decir es que, todo pueblo tiene el derecho a construir su sueño de
sociedad en paz, pero asimismo, debe estar preparado para defender con la vida
esa paz que con sus manos colectivas ha diseñado y construido.
VI. Coda final.
Para concluir,
lo que hemos pretendido establecer con esta, ya larga exposición, son algunos
elementos que consideramos imprescindibles para el impulso del movimiento
indígena y social en Venezuela a partir de otra perspectiva de visión e
interpretación de nuestra realidad nacional en el contexto continental. Por
tanto, todo lo aquí expuesto es totalmente discutible. Sin embargo, los
acontecimientos que generalmente van a una velocidad mayor que nuestras
interpretaciones, aunque parecieran imponernos un ritmo de decisiones, no deben
en modo alguno separarnos del propósito de alcanzar esta perspectiva que
proponemos y sobre la que hemos estado argumentando.
Así, a pesar de
y, precisamente, por encontrarnos en la coyuntura de una casi indetenible
confrontación entre las fuerzas del gobierno y sus opositores tradicionales por
el control del Estado, nosotros debemos pensar desde nuestra perspectiva del
tercer excluido en esa contienda. Por ello, en vez de entrar en el torbellino
que más temprano que tarde terminará en un pacto que asegure la gobernabilidad
para la continuidad de los programas fundamentalmente económicos en Venezuela y
el continente, el movimiento indígena debe profundizar su organización al
tiempo que debe tomar la iniciativa en la lucha por sus territorios.
Para ello,
debemos ser capaces de unir esa lucha con la de todos los movimientos sociales
que se decidan a actuar desde la perspectiva del tercer excluido: campesinos
sin tierra, obreros tercerizados, desempleados, sin techo, en fin, todos
aquellos dispuestos a construir su autonomía en sus espacios de lucha. De tal
manera que, ante la ingobernabilidad que se sobreviene para el Estado gobierno,
nuestra respuesta debe ser la de movilizarnos no en función de ninguno de los
dos bandos en pugna, sino en función de establecer, de hecho, nuestra propia
gobernabilidad, en nuestros propios territorios. Es a esta decisión, no libre
de alto riesgo, a la que hemos venido llamando desde hace algún tiempo el
camino de las comunidades. Es este el camino al que, de manera hermanada como
los dedos de una mano, estamos convocando a transitar, pues, una mano nunca es
sola si su hacer es verdadero, necesita de la otra, de todas las otras para
construir ese camino.
[1]El presente es un texto expresamente elaborado para ser presentado
en el Simposio: Unasur: crisis y perspectivas. Organizado por la Cátedra
Colonialidad del Poder, coordinada por el maestro Aníbal Quijano en la
Universidad Ricardo Palma en Lima del 21 al 23 de Noviembre de 2012.
[2] Llamamos “izquierda razonable” a todos aquellos (agrupaciones,
partidos y personalidades) que se declaran críticos pero siempre dispuestos a
“razonar” o a “entrar o hacer entrar en razón”, pues, siempre se definen como
alejados de cualquier radicalización de las expectativas y de las luchas de los
desposeídos ya que, para ellos, toda radicalización invoca al des-orden.
[3] En Venezuela se trata de los llamados Consejos Comunales que el
gobierno ha impuesto a los pueblos indígenas como interlocutores obligando a
las comunidades a sustituir sus propias formas de organización y de
representación política.
[4] Justo es decir, en honor a la verdad, que el arquitecto Fruto Vivas
echó por tierra el mencionado proyecto luego de reunirse con Sabino, pues, éste
planteó la posibilidad de que en vez de gastar ese dinero en construir una Casa
de Cultura que, dicho sea de paso, jamás ha existido como parte de la cultura
yukpa, el gobierno destinara ese dinero a pagar las bienhechurías a los
hacendados y les entregara de una vez por todas sus tierras ya saneadas. No
obstante, otro proyecto arquitectónico parece haber sustituido al primero
rechazado.
[5] La
“liberación” negociada de colonias permitió constituir nuevos Estados como
expresión de la apertura de nuevos mercados desde las pequeñas islas del Caribe
como Trinidad-Tobago hasta grandes territorios y enormes poblaciones como la
India. Se zanjaba así, finalmente, la gran disputa territorial que habían
llevado a las potencias a dos grandes guerras y a millones de muertos.
[6] Decimos
esto, a contrapelo del actual discurso oficial (del Estado-gobierno), que
pretende asimilar y endilgar el acontecimiento, a Chávez como “revolucionario”
y a su movimiento como generador de esa rebelión, con más interés en el
significado heroico de un pueblo que se lanzó a morir en las calles de Caracas,
que en los muertos que se produjeron; no de balde, a pesar de que la Corte
Interamericana de Justicia condenó al Estado venezolano por esas muertes, el
gobierno de Chávez jamás cumplió con el dictamen de la Corte, lo que es como
decir: “me interesan tus muertos sólo
para levantarme sobre ellos”.
[7] Este es el verbo utilizado
en el informe del gobierno “revolucionario” para referirse a lo que consideran
un “gran” logro de justicia social, sin embargo, justo es decir que el mismo
verbo: “beneficiar”, es también aplicado para referirse al sacrificio del
ganado para el consumo humano.
[8] Las
áreas marcadas en rojo constituyen las tierras indígenas demarcadas y sobre las
que sus comunidades recibieron títulos. Si comparamos vis a vis los Mapas 4, 5, 6 y 7 puede apreciarse que, lo hasta
ahora demarcado y “otorgado” no representa ni siquiera el 5% de lo que los
pueblos indígenas de Venezuela consideran sus territorios; pero además, podrá
apreciarse que el gobierno “revolucionario” ha sido cirujanamente cuidadoso en demarcar sólo aquellas parcelas que
están fuera del radio de acción de los proyectos de la IIRSA.
[9] H.
Zemelman, Conocimiento y ciencias sociales. Algunas lecciones sobre problemas epistemológicos. Colección
Reflexiones. Universidad de la Ciudad de México, México, 2003.
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